BUENOS AIRES. Los diputados de la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, presentaron un proyecto de ley que propone autorizar a Alberto Fernández a negociar con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso, donde no tiene el respaldo pleno del oficialismo y depende de la oposición.

El proyecto de ley que propone autorizar al Poder Ejecutivo “a suscribir programas de financiamiento y/o operaciones de crédito público con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con dicho organismo, sin perjuicio del control posterior por parte de este Honorable Congreso de la Nación”.

“Ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del Parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable”, precisaron desde el bloque.

“Desde el Congreso no se gobierna, allí estaremos para evitar subas de impuestos”

Según informó el portal Parlamentario, desde la Coalición Cívica ponderaron que “la autorización al Poder Ejecutivo para establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con el FMI en 2018 se basa en los principios que venimos sosteniendo como Coalición Cívica y Juntos por el Cambio: Evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo, estar a la altura de la responsabilidad histórica y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo”.

“Esta herramienta que ponemos a disposición del Congreso está por fuera de cualquier tipo de especulación política y electoral. Sin temores a hacernos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores, somos una fuerza política que no aplaudió el default hace veinte años y que quiere evitarlo ahora. Las crisis las pagan principalmente las clases medias. Además, en un territorio desconocido como el default con este organismo multilateral de crédito, los pocos que producen: el campo, la débil industria, en definitiva, el escaso trabajo de los argentinos está en riesgo”, manifestaron.

Por otra parte aclararon que “en nuestro sistema constitucional el programa de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo y llegamos a esta situación por la falta de un plan económico por parte de la administración del Frente de Todos”. Y agregaron: “Desde el Congreso no se gobierna, allí estaremos para evitar subas de impuestos, para cuidar a los jubilados y para no dejar al país sin la herramienta que necesite para refinanciar sus deudas”.

El planteo para que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tenga una hoja de ruta

“El Gobierno tiene el deber de llegar al acuerdo, de tener una hoja de ruta seria para cumplirlo, de dejar atrás las erráticas políticas económicas y hacerse responsables de gobernar hasta el 9 de diciembre de 2023. Desde el Congreso también debemos asumir sin ambigüedades las responsabilidades que nos tocan”, concluyeron los legisladores de la oposición.

En tanto, fundamentaron en la iniciativa que “la voluntad del legislador al momento de votar este proyecto consistirá en autorizar al Poder Ejecutivo a refinanciar o tomar nueva deuda, pero de ninguna manera le confiere al Congreso el diseño del programa de gobierno o su forma de ejecución, ya que debe advertirse que la formulación y programación de las distintas etapas de cumplimiento siempre estará en manos de sus negociadores, el Poder Ejecutivo por parte del Estado Argentino y el Fondo Monetario por la parte acreedora”.

“En este sentido, este proyecto propone autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir los acuerdos y tomar el endeudamiento que sea necesario, ya que esa negociación es su facultad exclusiva. La política económica, en un régimen presidencial como el argentino, es facultad del Poder Ejecutivo”, sentenciaron.