BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández evalúa no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó devolverle a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) los recursos coparticipables que habían sido recortados en 2020. Según dijo a los mandatarios provinciales, la orden “es incumplible”.
Este jueves, los gobernadores peronistas le habían llevado ese pedido al Presidente en el marco de una reunión para definir la estrategia a llevar adelante ante el fallo que implicaría una suma de alrededor de $183 mil millones menos para repartir entre las provincias.
Según TN, Alberto Fernández los citó horas después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema. Y en medio de un creciente enojo de los mandatarios provinciales –entre los que estuvo, de forma remota, Oscar Herrera Ahuad– que consideran que el fallo afecta al federalismo.
De acuerdo con Infobae, en el encuentro de este jueves con el mandatario estuvieron en forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La decisión que tomaron los gobernadores pejotistas con el Presidente de no acatar el fallo de la Corte Suprema, bajo el argumento jurídico que se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o, de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
En la Corte Suprema explican por qué el fallo es aplicable y no tiene sustento el argumento del Gobierno. Sostienen que la tomada no es una medida cautelar que afecte u obstaculice los bienes del estado, sino que el máximo tribunal asignó a quienes corresponden, esos bienes y recursos del Estado.
Sin embargo, en la Casa Rosada aseguran que el Presidente no va tomar deuda, no va emitir y no va a reasignar partidas presupuestarias para poder compensar el porcentaje de dinero que la Corte Suprema le devolvió a la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
En Balcarce 50 advierten que, si la Ciudad quiere que el dinero salga del Presupuesto, entonces se debería realizar y aprobar una reforma del proyecto. O la discusión seguirá empantanada.
En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, “el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, indicaron los gobernadores en un comunicado publicado al caer la noche.
Al respecto del fallo el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella sostuvo, en representación de todos los gobernadores pejotistas, que esa “determinación del máximo órgano judicial es un golpe al federalismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su Jefe de Gobierno, en desmedro de todas las provincias argentinas”.
El resultado de la reunión va en línea con la postura que planteó el gobernador de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, este miércoles, cuando le pidió al Presidente desconocer el fallo.
Este miércoles el máximo tribunal, a través de una medida cautelar, resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires. Se trata de unos $183 mil millones que Nación recortó a CABA, en plena pandemia del coronavirus.
Esa decisión llegó en momentos en que el gobernador Axel Kicillof enfrentaba un conflicto salarial con la Policía Bonaerense. A las pocas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto que había sacado el Presidente.
Desde hace largos meses que los gobernadores anticipaban que la Corte Suprema iba a fallar a favor del gobierno porteño. Creen que fue fallo con condimentos políticos que busca empujar la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta.
El alcalde porteño cree lo contrario. Sostiene que el fallo fortalece el federalismo y les conviene a los gobernadores, porque genera la jurisprudencia necesaria para permitirles asegurarse que el gobierno nacional, sea cual sea el color político, no pueda quitarles en el futuro, porcentajes de coparticipación en forma arbitraria. Dos miradas bien distintas sobre un conflicto que atraviesa al país.
