POSADAS. El próximo miércoles 13 de Octubre, el Jurado de Enjuiciamiento definirá en una reunión, a partir de las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia, si dan curso al pedido de jury que formularon policías de San Vicente contra el juez de instrucción 3 de esa comuna, Gerardo Casco, a quien acusaron de “abuso de autoridad” y “privación ilegítima de la libertad” tras un escandaloso control vial a un camión con un cargamento de soja.

En el marco del pedido de enjuiciamiento ratificado y ampliado por los cinco policías denunciantes, el juez Casco salió públicamente a decir que intervino en el operativo contra la evasión y contrabando de soja al Brasil, porque escuchó rumores que señalaban que los uniformados realizaban los operativos para, supuestamente, exigir dádivas.

Casco ya había evadido un pedido de Jury por otra polémica intervención suya en un procedimiento en un taller de autopartes. Por lo que ya tiene un antecedente por supuesto mal proceder. Y en el gobierno provincial siguen atentos al caso, en momentos en que  uniformados de San Vicente difundieron en redes sociales, informaciones difamatorias contra el magistrado.

Lo acusan de tener una decena de uniformados para su custodia personal y de ordenarles a los policías bajo su mando, realizar laborales rurales en una huerta orgánica de la zona. Incluso ventilaron que Casco estaría obligando a uniformados a recolectar huevos de las gallinas en su chacra.

Además, aparecieron denuncias en las fojas de las pruebas recolectadas por los uniformados contra Casco, que señalan que el juez estaría entregando automóviles en depósito judicial, de forma irregular. Uno de los supuestos beneficiados de estas maniobras, sería el hijo de la pareja de Casco, Marta Servante. Según las filtraciones, Marcelo Fleitas, maneja un Chevrolet Onix blanco para ir a su trabajo como repositor en un supermercado de la zona. La ley provincial prohíbe el uso de autos en depósito judicial.

Por otra parte, también apareció uno de los empresarios dueños de la carga de soja del camión interceptado en el procedimiento en el que intervino el juez, denunciando que el 4 de septiembre, los uniformados que denunciaron a Casco, le habrían pedido una coima para liberar el rodado y el cargamento. Esta declaración sirve para el argumento de Casco para justificar su intervención personal en el procedimiento.

En cuanto al jurado de enjuiciamiento, según las fuentes, ya hay posiciones divididas y algunos consideran que Casco ya se desbordó en el ejercicio del poder en San Vicente. Mientras que otros opinan que no hay causales para la apertura del juicio político. De llegar a realizarse, el juicio de destitución duraría 60 días hábiles. Como sea, la convivencia de Casco con los uniformados de San Vicente, parece insostenible.