BUENOS AIRES. Los miembros del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados confirmaron esta tarde que presentarán el pedido de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema, aunque aún no definieron la fecha.
Tras mantener una reunión virtual, los 16 integrantes oficialistas anticiparon que estudiarán “a fondo” las decisiones adoptadas por el máximo tribunal y sus “implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones”.
Según publicó La Nación, los diputados oficialistas y no el presidente Alberto Fernández serán los que suscribirán el pedido de enjuiciamiento. Es una estrategia acordada con la Casa Rosada, para que la iniciativa mantenga estatus parlamentario hasta 2027.
Si la iniciativa es firmada por un ciudadano –en este caso, el Presidente de la Nación- su vigencia es de un año. Al ser presentada por legisladores, la vigencia será de tres años.
Según el diputado ultra K Rodolfo Tailhade, miembro de la comisión, el texto no se apartará de los lineamientos principales del documento que firmó el jefe de Estado y los once gobernadores justicialistas que acompañan la embestida contra el máximo tribunal.
En tanto, este miércoles, la reunión de los legisladores oficialistas tuvo asistencia perfecta, destacaron los voceros de la reunión.
Invitan a dar “una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”
Luego, a través de un comunicado posterior al encuentro, el Frente de Todos convocó al resto de los bloques opositores -que rechazan el pedido de enjuiciamiento a la Corte- a dar “una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”.
La oposición de Juntos por el Cambio ya anticipó que dará el debate en la Comisión de Juicio Político para rebatir las acusaciones oficialistas contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Desde luego, el oficialismo no cuenta con los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, como para conseguir su cometido de destituir a los jueces supremos.
De hecho, por esta razón, entre otras, no pudieron designar una nueva ministra en reemplazo de la Elena Highton de Nolasco –que se jubiló en 2021- o para nombrar al procurador general de la Nación –el jefe de los fiscales-, cargo para el cual, el Presidente Alberto Fernández había propuesto al juez federal Daniel Rafecas.
