POSADAS. La cámara de supermercados chinos (Casrech) presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) un pedido de auditoria por presuntas “inconsistencias” en el manejo de los fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap) por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), preside el veterinario posadeño Gerardo Díaz Beltrán, ex titular de la Confederación Económica de Misiones (Cem).
La Inspección General de Justicia (IGJ) es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio y los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Hay varias denuncias que presentaron distintas asociaciones sobre la distribución de los fondos del Inacap que hace CAME; son pedidos de auditorías para saber el destino de esos fondos porque hay algunas inconsistencias”, dijo hoy martes Miguel Calvete, director de la Federación de Supermercados Chinos y presidente de Indecom.
En la presentación, Casrech solicitó que la IGJ investigue la presunta “administración irregular por parte de la CAME” de los fondos provenientes del Inacap que deben destinarse al fortalecimiento y capacitación de las entidades gremiales asociadas.
Los fondos, que según Casrech son más de 1.000 millones de pesos al año, deben distribuirse con la aprobación del consejo directivo de CAME, que “está conformado por 90 miembros”.
Sin embargo, según la denuncia “el proceso de toma de decisiones por el cual se distribuyen los fondos del Inacap sólo involucraba a tres de sus integrantes” de la cúpula directiva de la entidad.
Estos fondos se conforman por el aporte que hacen las empresas al Inacap del 0,5% de los sueldos de trabajadores formales de comercio y servicios.
Calvete observó que “el supermercadismo es el que más empleados tiene y paradójicamente 80% de esos fondos van a asociaciones o cámaras barriales donde no hay personal a quien capacitar; son más de 1.000 millones de pesos al año”.
Desde CAME relacionaron la denuncia con las elecciones que debían celebrarse en abril pasado para renovar autoridades en la entidad y que por la pandemia están suspendidas hasta que se permita el encuentro presencial para realizarlas.
FSV.
