BUENOS AIRES. El 12 de octubre se celebra en el país el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el objetivo de promover la reflexión sobre el fenómeno de la “colonización” y el etnocidio propiciada por el arribo de poblaciones europeas al continente americano, un cambio de paradigma que el Estado argentino adoptó en 2010, bajo la presión social y política de las comunidades prehispánicas sobrevivientes del país.

La fecha elegida recuerda el momento en que europeos occidentales llegaron por primera vez al continente americano, con Cristóbal Colón a la cabeza. Desde el año 1917, por Decreto del entonces Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordaba esta fecha bajo el nombre “Día de la Raza”.

No obstante, en 2007 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de esa fecha por “Día de la Diversidad Cultural Americana”. La iniciativa se concretó por medio del Decreto N° 1584/10.

Este cambio radicó en que la división de la humanidad en “razas” carece de validez científica. Esa categoría constituye una concepción político-social errónea y peyorativa, susceptible de utilizaciones racistas. Por otra parte, una celebración “de la raza” soslaya el genocidio y etnocidio desatado en el continente americano por los europeos.

El genocidio y el etnocidio indígena

Se estima, que la población indígena pasó de unos 60 millones de personas en el siglo XVI, a 6 millón a mediados del siglo XVII. Es decir, una reducción cercana al 95%, producto de la matanza y las enfermedades que trajeron consigo los “colonizadores”, para las cuales no había tratamiento.

En Argentina, en 2010, en el marco de una creciente presión de las poblaciones prehispánicas que exigían –y continúan exigiendo- la restitución de tierras, el Plan Nacional Contra la Discriminación estableció, entre sus prerrogativas, que el 12 de octubre se convierta en un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”.

Esto implicó dejar atrás la conmemoración del “descubrimiento” de América y el proceso que sólo valoró la cultura europea. Para reconocer la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de la identidad nacional.

Desde luego, ese reconocimiento del gobierno kirchnerista de entonces, no implicó la restitución de territorios ancestrales. Ni mucho menos, la condena a los asesinatos, intimidaciones y desalojos de los que fueron víctimas poblaciones indígenas, por ejemplo, en Formosa, una provincia que ya entonces era gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán.

El incumplimiento de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

Cabe recordar que la Ley Nacional de Emergencia Territorial Indígena, la nro. 26.160, había sido sancionada a fines de 2006, por un plazo de vigencia de 4 años. En ese tiempo el Estado nacional debía respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Entre otros puntos, la 26.160 declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país. Suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas. Y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.

Este censo de comunidades indígenas jamás concluyó en el país, tampoco en Misiones, donde se estima que apenas el 40% de las comunidades mbya están censadas. Desde luego, el desalojo de comunidades está a la orden del día en la provincia.

La ley nacional de emergencia territorial indígena fue prorrogada en tres oportunidades. Primero en el año 2009 mediante la Ley 26.554. Luego en el 2013 a través de la Ley 26.894. Y, recientemente, en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021.

Lo que ocurre con la falta de cumplimiento de esta ley, para muchas organizaciones indigenistas muestra con claridad como el cambio en el paradigma del Estado frente al 12 de Octubre, no implica mejoras concretas en la situación de sojuzgamiento y dominación que padecen las comunidades prehispánicas.