POSADAS. Tras la inhibición del presidente del Tribunal Penal de Eldorado, el juez Atilio De León, denunciando groseras irregularidades en el juicio que impulsa el fiscal Federico Rodríguez, la abogada de María Ovando, Roxana Rivas, reveló que se violaron los derechos más elementales de los dos acusados, que, al momento de declarar en indagatoria, eran menores de edad y no tenían un defensor oficial acompañándolos en esa instancia.

Rivas insistió en que Marcos Iván Laurindo y Sebastián Ferreira, hoy de 23 años, al momento en que ocurrieron los abusos, tendrían 16 y 17 años. Y hace 5 años que están presos por el abuso sexual de la hija y la nieta de Ovando, que pudo haber sido cometido por uno de los guardadores de las niñas, “que ya tenía antecedentes”, pero que la fiscalía de instrucción “no investigó”, denunció la abogada. Los jóvenes y Ovando, están acusados de abuso sexual agravado y de corrupción de menores, por la violación de una hija y una nieta de la mujer.

Este martes, Rivas comentó que con la decisión de De León, “se anuló el debate con la inhibición. Ahora deberá iniciar un nuevo debate con una fecha a determinar”, sostuvo la abogada, aclarando que hay varios planteos de nulidad y que el presidente del Tribunal explicó que no podía intervenir en un debate oral en el que “no se precisaban los hechos (a juzgar)”, ni los acusados “como si todos hubieran participado en un hecho”.

“La descripción (del delito) es incierta vaga e imprecisa, no se determina tiempo ni lugar de los abusos. El defensor oficial planteó la nulidad. Nosotros nos sumamos a ese pedido y nos opusimos a la recalificación planteada por el fiscal (el agravamiento por la pretendida corrupción de menores) Siempre partiendo en una base de nulidad”, aclaró Rivas, insistiendo en que la recalificación, el fiscal Rodríguez la “introduce en base a los dichos de una niña que no fueron requeridos por el fiscal de instrucción”

“Hoy (por el martes) el tribunal arranca resolviendo los planteos de nulidad y de oposición a la ampliación. Con la salvedad de que el presidente adhiere a todas y dice que son tantas y tan evidentes que hacen imposible a cualquier tribunal pueda continuar con su tarea de juzgar, sin saber qué juzgar. Con lo que se violentan todas las garantías constitucionales”, manifestó la abogada. “En caso de que las vocales no adhieran a su voto, él se inhibe”, añadió.

Por otra parte, Rivas advirtió que “la situación más grave es que los detenidos siguen detenidos. Si hubiera continuado el debate se tendría que haber resuelto hoy (por el martes) la excarcelación. Los defensores de estos jóvenes pidieron la excarcelación”, agregó la abogada.

Asimismo, Rivas enfatizó que “las víctimas son las niñas. Hay un abuso que está acreditado. Pero eso no implica que se pueda victimizar a estos chicos. Por lo poco que precisaron del tiempo de los abusos, se sabe que los acusados tenían 16 y 17 años. No tendrían que estar presos. Sin embargo, nadie se dio cuenta. Estuvieron 5 años presos. Se los trata como pedófilos de 60 años cuando eran niños”, alertó Rivas. Y agregó: “Se agrava la calificación diciendo que eran concubinos de Ovando cuando eran niños en ese momento. Los acusados son niños, nos damos cuenta que en la imputación”.

Por otra parte, la abogada subrayó que los imputados Laurindo y Ferreyra “declaran inmediatamente con la denuncia en 2015. El fiscal tan enardecido con María, omitió esto. Tenían otras garantías (procesales), pero los tratan como si fueran adultos. Declararon sin la presencia del defensor al momento de la indagatoria”, fustigó Rivas.

“Según el requerimiento (del juicio los abusos fueron) entre el 6 de mayo del 2013 y el 6 de mayo del 2015. Es una barbaridad. Son 5 años en los que estos chicos están presos. Están en la misma situación que Cristina Vázquez”, denunció Rivas, recordando el caso de la mujer injustamente condenada y presa por la justicia misionera, que recuperó su libertad y terminó suicidada este año.

“Pudimos mantener a María en medio de este hostigamiento judicial, en libertad. Ayer el fiscal (Rodríguez), livianamente decía que la defensa podría pedir la libertad por dos semanas y eso no sería ningún agravio. Pero no hay mayor agravio que estar preso injustamente”, destacó la abogada.

Pero, además, Rivas mostró preocupación por el estado en que se encuentran las niñas en estos momentos. “La otra cuestión, que es nuestra preocupación es qué pasa con estas niñas. En la instrucción dicen que es posible que el abusador sea el guardador de las niñas mientras María estaba presa, porque ya tenía antecedentes de abuso. Aún introducida esta posibilidad y estando el Estado obligado a investigar esa posibilidad como cualquier otra, nunca lo hicieron. A María, la (ex) jueza Potchska le saca los hijos y el poder judicial no los controla más”, alertó.

“Hace 5 años que no hay un informe sobre el estado de las niñas y se llenan la boca diciendo que defienden a las niñas; hace 5 años que no tienen un informe socioambiental. Mientras estuvieron con María las controlaron todo el tiempo. (Luego) se las entregan a esta mujer, no saben con quien vive, si tienen habitaciones. Y no importa. Acá van en contra de maría, para disciplinarla y vengarse de ella”, sentenció.

En cuanto a cómo continuaría el juicio, Rivas consideró que las dos juezas vocales del tribunal, ya incurren en “un prejuzgamiento”. “En el expediente pasaron todos los jueces de Eldorado y están inhibidos en la etapa oral, queremos recusar al fiscal y al tribunal”, anticipó.

“Una nulidad de este proceso implica que tiene que volver a la instrucción porque nadie investigó correctamente quien fue el abusador”, añadió la abogada, y confirmó que solicitan la “nulidad de la Cámara Gesell porque las niñas fueron inducidas y se las revictimiza”.

“Y la otra cuestión es que urge saber cómo están las niñas. Ovando siempre está bajo riesgo, si se acerca (a su hija y nieta), la denuncian”, recalcó. “Nosotros estamos con la tranquilidad de que María (Ovando) está libre, pero con la angustia de estos dos chicos que están adentro (presos)”, remató.