POSADAS. Rocío Santa Cruz “tendría que haber sido absuelta”, sostuvo uno de sus abogados defensores, Eduardo Paredes, quien anticipó que muy probablemente, después de las recusaciones al fallo condenatorio por el asesinato del empleado municipal Ramón “Topo” Cabrera, la ex Miss Argentina y abogada de la AFIP no pasará ni un solo día más en la cárcel.

“El Superior (Tribunal de Justicia de Misiones) anuló parcialmente (el fallo de condena a 4 años de prisión del juez César Jiménez) y pidió que se dicte una nueva pena. Como Jimenez se inhibió, el juez Montes, hizo lo que el Superior y dictó una nueva sentencia de 3 años. Que por ley son 8 meses. Cumplió 6 meses y le quedarían 2 meses”, comentó el prestigioso penalista.

Según Paredes, “durante el juicio, cuando contestamos la acusación muy endeble de la fiscal Álvarez, una de sus falencias más graves es no explicar por qué pedía la máxima pena. No dijo por qué pedía el máximo. Ya se pidió la nulidad de la pena en el juicio. También se pidió la nulidad al fallo de Jiménez. La fiscal pidió 5 años y el dictó 4 años. Pudo haber sentenciado a 1 año. No dijo por qué (en el fallo)”, puntualizó.

El argumento de Paredes, sobre las falencias de la fiscal y el juez

“El STJ toma ese argumento, porque le sacaron los agravantes, como la velocidad. El juez Montes, al no tener ningún parámetro, debió haber corrido vista a la fiscal, para que diga cuáles son las razones de acuerdo a la ley penal, pidió esa pena. Esa omisión que no está prevista en el código procesal provincial, pero sí en las convenciones. Se viola el principio de la bilateralidad. Entonces automáticamente esa pena es nula. Por eso, vamos a volver a recurrir (el fallo condenatorio)”, remarcó.

En esta línea, Paredes insistió en que la fiscal y el juez debieron argumentar por qué solicitaron sus penas, para que el defensor pueda responder, y el juez, finalmente, dirima entre las dos posturas. Así, el juez no puede introducir un nuevo argumento, sino optar por uno de los presentados por querella y defensa.

Por otra parte, Paredes aclaró que “las penas cuando son 2 meses, no está recomendado que se apliquen, porque no tienen ningún sentido. Las penas tienen que tener algún sentido formal. Se está recurriendo el fallo en Casación. Esperemos que el STJ corrija esto o vuelva, dentro de dos años, a correr vista a la fiscal”, puntualizó.

Una pena sin sentido, dadas las circunstancias

Asimismo, Paredes recordó que en el Código Procesal Penal está previsto que una persona pueda acceder a la libertad condicional, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena. Como Santa Cruz ya estuvo 6 meses presa –por incumplir la prohibición de salir del país dictada en su momento por el juez Jimenez–, con 2 meses más, llegaría a los 8 meses.   

“La pena en sí misma es irrisoria y no tiene sentido. Y la inhabilitación (para conducir) es una accesoria. Pero tiene que dar un fundamento. Hay una violación del derecho a defensa. Y (el expediente) va a volver dentro de 2 años, para que se corra vista a la fiscal. Y seguirá”, añadió Paredes, confiado en que Santa Cruz no volverá a prisión por el asesinato de Ramón “Topo” Cabrera.

El caso por el que Santa Cruz fue enjuiciada y condenada

Cabe recordar que Santa Cruz fue condenada por conducir ebria (0,8 g/l en sangre) y tocar la moto en la que iba Cabrera, en la zona de avenidas 115 y Quaranta, el 31 de Enero del 2020. La ex Miss Argentina 2004, volvía de una despedida de soltera y dejó al empleado abandonado a su suerte. La encontraron porque un taxista la siguió y la policía pudo constatar, varias horas después del choque, que el auto de Santa Cruz era el que había ocasionado la muerte casi instantánea del empleado municipal.

No pudieron determinar cuánto alcohol llevaba en sangre, porque la esposa del funcionario renovador Claudio Ferreyra, sobrino del por entonces presidente de EMSA, Sergio “Pity” Ferreyra, había huido del lugar y la encontraron unas 5 horas después. Los hábiles abogados defensores de la abogada de la AFIP, evitaron que a Santa Cruz la imputen de abandono de persona, introdujeron el beneficio de la duda por la intoxicación alcohólica e insistieron en que Cabrera también estaba alcoholizado y no llevaba casco.

Según la familia, la abogada llegó a ofrecer 600 mil pesos para evitar el juicio oral y público. Y sólo fue detenida porque se comprobó que se fue de vacaciones a Lima (Perú), estando inhibida para dejar el país en el marco de la causa por el homicidio culposo.