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Pérez admitió que buscan llevar a inimputables al Carrillo para evitar gastos

El Ministro de Gobierno Marcelo Pérez defendió el traslado de presos inimputables del penal de Loreto al Hospital Carrillo de Posadas, medida considerada un acto de militarización y remanicomialización del nosocomio especializado en Salud Mental, que es de puertas abiertas.

Pérez admitió que buscan llevar a inimputables al Carrillo para evitar gastos

El Ministro de Gobierno Marcelo Pérez protagonizó un tenso cruce con la periodista Alicia Rivas anoche, al tratar el problema del traslado de presos inimputables al Hospital Carrillo de Posadas, medida considerada un acto de militarización del nosocomio especializado en Salud Mental. “Hacer una incorporación masiva de psiquiatras y todo lo que se necesita para atender a personas que están en Loreto, y hacer edificios y trasladarlos, es muy costoso para todos nosotros”, dijo el ministro, indicando que trasladarlo al Carrillo “es mucho más simple e inmediato”.POSADAS. El traslado de presos inimputables del penal de Loreto al Hospital Carrillo de Posadas, fue fuertemente defendido anoche por el Ministro de Gobierno,  Marcelo Pérez y el subsecretario Ricardo Wellbach. Los funcionarios salieron al cruce de declaraciones de profesionales del Carrillo, que advirtieron que la medida implica una militarización del nosocomio en el que se atienden a personas con problemas de salud mental, que tiene un régimen abierto con permanencia opcional –el traslado conlleva, según indicaron, una remanicomialización que va en contra de la Ley de Salud Mental. Contrarios a esta postura, los funcionarios insistieron en que deberán hacerse reformas edilicias en el hospital antes de trasladar a los 46 presos inimputables que están abandonados en Loreto, bajo cuidado de personal penitenciario que carece de la capacitación adecuada para esa tareas. Pero el ministro Pérez, que protagonizó un tenso cruce con la periodista Alicia Rivas, en el programa “El Foro”, terminó admitiendo que el traslado obedece a un intento de minimizar los costos de una atención especializada para los inimputables. “Hacer una incorporación masiva de psiquiatras y todo lo que se necesita para atender a personas que están en Loreto, y hacer edificios y trasladarlos, es muy costoso para todos nosotros”, sentenció el ministro, dejando en claro que se pretende ahorrar costos en la atención de los inimputables.

“El Estado necesita ocupar el personal que tiene. No podemos agrandar al Estado teniendo la posibilidad de atender clínica y médicamente con el personal que tenemos. Hacer una incorporación masiva de psiquiatras y todo lo que se necesita para atender a personas que están en Loreto, y hacer edificios y trasladarlos, es muy costoso para todos nosotros”, dijo el ministro, indicando que trasladarlo al Carrillo “es mucho más simple e inmediato”.

Pérez insistió en que la creación de nuevos cargos específicos y la construcción de un inmueble para atender a los inimputables de Loreto, “es un costo muy alto” e implica “una logística mucho mayor”, que lo que pretenden con el traslado al Carrillo, en donde, según admitió el propio Wellbach, hay 60 pacientes atendidos por cuatro psiquiatras.

Mucho más inteligente en su planteo, el subsecretario Wellbach remarcó que no existen muchos especialistas en psiquiatría –“no tenemos ni 50 (especialistas)” y por ello el traslado sería una medida necesaria para optimizar los recursos humanos disponibles en Misiones en el área de Salud Mental. Y enfatizó que “la idea es optimizar lo que hay y poner lo necesario. El Carrillo tiene 60 pacientes, si hoy no están en condiciones (de atenderlos) hoy, imagínate si llevamos 60 (pacientes) más. No es que le tiramos los inimputables ahí”, sostuvo Wellbach, dando margen a una ampliación presupuestaria y la suma de personal especializado.

De acuerdo con Pérez, la controversia con el personal del Carrillo surgió después de una visita al nosocomio junto al titular del Iprodha, Santiago Ros, para analizar la infraestructura con la que se cuenta y la que sería necesaria para el traslado de los 46 pacientes inimputables. Al respecto de la situación de estas personas, Pérez admitió que están “abandonados a la buena de Dios y al cuidado de personal penitenciario que no está capacitado para ello” en el penal de Loreto.

Para buena parte de los trabajadores que están en el Carrillo, la medida implica una militarización y remanicomialización del hospital de salud mental, contrarias a lo que promueve la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Para los psiquiatras, el proyecto de traslado que pretende el gobierno misionero entraña el peligro de reinstalación de áreas de encierro. “Sería la reconstrucción del manicomio que conllevaría la posibilidad de viejas prácticas manicomiales arcaicas y perimidas basadas en sistemas custodiales y represivos que rechazamos como profesionales consientes de la salud mental”, dijo el psiquiatra del Carrillo, Oscar Krimer, sobre esta iniciativa.

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