[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las duras palabras corresponden a la secretaria general del Semab, Mariana Lescaffette, que aseguró que la medida de fuerza del FUTE de este miércoles, tuvo un alto acatamiento, entre otras cosas, porque el gobierno y el gremio renovador no cumplieron con su compromiso de rediscutir salarios en el segundo semestre del año. Además, resaltó la discriminación a docentes en el oscuro proceso de titularización lanzado por el CGE y UDPM, por fuera del Estatuto Docente.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. El proyecto de titularizaciones masivas impulsado por el Concejo General de Educación, con una comisión Ad-Hoc integrada por UDPM, “terminó siendo un nuevo refugio de ñoquis y gente sin título que van a ser titularizados, mientras que los docentes que sí están en condiciones no están titularizados”, fustigó la dirigente Mariana Lescaffette (Semab), en diálogo con MisionesCuatro. La referente del Frente Gremial Docente y del FUTE (Frente Único de Trabajadores de la Educación), consideró que el paro de este miércoles ha tenido un fuerte acompañamiento, en el marco de un reclamo de aumento salarial y de mayor transparencia en las titularizaciones y en el manejo de los recursos del sistema educativo.
Lescaffette dijo que las jornadas de reflexión que llevan adelante este miércoles en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, son “importantes” en un contexto crítico en el que no se discuten salarios si no hay movilizaciones de docentes en la calle. “Los oficialistas de UDPM y el gobierno dijeron que iban a discutir salarios en Julio. Pero si no hay pelea, no hay aumentos”, señaló la dirigente del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), que insistió en que el gobierno renovador, “se sigue garantizando el acomodo y el clientelismo”, en el sistema educativo.
“Es una jornada que nos parece importante no sólo reflexionar sino definir acciones concretas y una agenda legislativa con los diputados que pidieron que se transparente el uso de recursos del sistema educativo”, acotó.
Para Lescaffette, “hay 40 millones de pesos que se van en ñoquis que no pertenecen al sistema educativo, o bien, que pertenecen pero que no trabajan en las escuelas. Y le niegan un básico de 5000 pesos a los que trabajan y perciben un salario inicial de 9673 de bolsillo, que es una aberración y una vergüenza”, fustigó la dirigente. “El Estado gasta y mucho en sectores que no aportan a la enseñanza”, lanzó.
En esta línea, la sindicalista le apuntó al subsecretario de Educación, Christian Dechat, a quien acusó de maniobras de malversación de fondos con facturas apócrifas y proveedores fantasmas. “La plata se escurre en la corrupción”, aseguró.
Según esta dirigente, hasta que el colectivo de trabajadores estatales y toda la sociedad misionera no se ponga firme en su reclamo contra la corrupción, nunca habrá recursos para los servicios y los salarios. “Mientras no tomemos medidas para que dejen de robar, no va a haber plata no sólo para educación, sino también para salud y otros servicios que el Estado debe garantizar”, sentenció. En esta línea, Lescaffette dijo que “si no lanzamos medida de fuerza, nadie habla del salario”.
En el tramo final de la entrevista, la dirigente admitió que hubo una merma en los niveles de movilización de los docentes misioneros, muchos de los cuales, de acuerdo a su óptica, “decidieron priorizar estabilidad por sobre el salario” y dejaron de movilizarse por miedo a no ser titularizados. “Pero sólo están titularizando a los delegado de Udpm”, bramó Lescaffette, insistiendo en que el plan de titularizaciones masivas lanzado por el CGE, discrimina a los docentes que no militan en la Renovación. El plan “terminó siendo un nuevo refugio de ñoquis y gente sin título que van a ser titularizados, mientras los que sí están en condiciones no están titularizados”, consignó.
Y fue más allá al señalar que si UDPM tiene 5 mil afiliados, “puede ser que sólo delegados de UDPM sean los titularizados”.
Por otra parte, Lescaffette no se olvidó de mencionar que uno de los puntos del reclamo de los docentes es el del cese de la violencia institucional en las juntas médicas que definen las licencias por enfermedad. “Docentes han tenido que ir a la justicia para conseguir licencia por esquizofrenia. Los médicos de la junta están denunciados por cobrar horas cátedra y no dar clases, pero se dan el lujo de maltratar a docentes con dolencias graves para que no les den la licencia”, lanzó.
El FGD y el FUTE se reunirán en los próximos días para consensuar “una estrategia común con otros sectores. Los otros gremios están evaluando nuevas medidas para la semana que viene”, anticipó la dirigente.
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