SALTA. Un escándalo se desató en la ciudad salteña de Tartagal, en los últimos días, luego de que se conociera la denuncia contra un médico que pedía dinero o sexo a cambio de realizar abortos. Esto a pesar de que el profesional de la salud es “objetor de conciencia”. Vale decir, por su condición de “objetor” puede negarse a realizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Según TN, una colega del médico, que trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón realizó la denuncia ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género local. En esa presentación, sustanciada a mediados del 2020, la doctora aseguró que el acusado solicitaba 20 mil pesos o encuentros sexuales a cambio de llevar a cabo interrupciones del embarazo.

Inclusive, de acuerdo con la denuncia, en uno de los casos, la chica a la que el médico le hizo el “ofrecimiento” tenía apenas 15 años. Tras esto también se conoció otro caso de similares características sufrido por una joven de 31 años. Con esto, la situación legal del especialista en gineco-obstetricia es cada día más complicada.

De acuerdo con Página12, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, solicitó este viernes, en carácter de “urgente”, la historia clínica y los antecedentes de la atención a la adolescente a la que el denunciado le pidió un pago de 20 mil pesos, o encuentros sexuales, para practicarle un aborto en una clínica privada. El pedido fiscal se hizo casi 6 meses después de radicada la denuncia contra el profesional.

La actuación se conoció justo el día en que Salta/12 dio a conocer la denuncia que el 30 de octubre de 2020 hizo una profesional de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de esa ciudad.

Por el momento, la Justicia reserva el nombre porque no se sabe si existe una imputación por parte de la fiscalía salteña.

Para el director del hospital, el acusado sería un objetor selectivo

Al viernes, la notificación del centro de salud todavía no llegó a su destinatario. Ello porque el médico denunciado se encuentra de licencia por razones de salud. Tampoco lo ubicaron en su domicilio particular. Este último paso es necesario para abrir un sumario administrativo en su contra según publicó Página 12. Este lunes, el médico denunciado debía presentarse ante sus empleadores en el Hospital Perón.

El director Santiago Payo gerente del Hospital Perón, en declaraciones a la prensa, consideró al respecto, que, si el médico “es objetor para el hospital y fuera del hospital no, está infringiendo la ley. El objetor tiene que serlo en todos los lugares. No solamente en el hospital. Es un objetor selectivo, sin ninguna duda. Por eso tenemos que hacer un sumario respecto a eso. Y por las denuncias que se reciben”, dijo Payo al medio Video Tar – canal 4.

De acuerdo con TN, en la denuncia original se relata que el 7 de julio pasado una adolescente de 15 años con un embarazo no deseado de tres meses fue atendida en el Centro de Salud Madres de Plaza de Mayo. Durante la consulta la menor se puso a llorar. Y le contó a la profesional que la atendió que un médico (que trabaja en el Hospital Perón pero también en una clínica de Tartagal) al que visitó en su consultorio privado le había ofrecido interrumpir su embarazo a cambio de 20 mil pesos o “tener sexo con él tres veces por semana”.

También habría una denuncia por abuso sexual

La denuncia añade que el médico acusado le hizo un examen físico a la chica. Por estos momentos, investigadores presumen que hubo un abuso sexual. Ya que, además de tocarla en distintas partes de su cuerpo, el médico ordenó una serie de prácticas no indicadas en el contexto clínico.

En una nota enviada a la gerencia del mencionado hospital, las profesionales de la salud señalaron: “El legrado no se recomienda como práctica de interrupción del primer trimestre en nuestra legislación”. Por este motivo es que la médica que atendió y escuchó el crudo relato de la adolescente dispuso, el tratamiento con misoprostol.

En el centro de salud público de Tartagal solo dos médicas realizan las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) autorizadas por el Congreso a fines de 2020. Mientras que el resto del personal médico se declaró “objetor de conciencia”. Entre esos objetores está el galeno denunciado.