El analista resaltó la rapidez con la que el Gobierno implementó desregulaciones que generaron una “mega revolución” en tan solo 14 días. Se refirió a la auditoría de los planes sociales desde la Justicia, revelando la detección de 160 mil beneficiarios con irregularidades, representando un gasto mensual de 10 mil millones de pesos. Se destacó el caso de 8 mil personas que cobraban el Plan Trabajar mientras eran empleados del estado provincial en 10 provincias, y 14 provincias que no respondieron a solicitudes de información de la justicia.

Acuña informó sobre cambios significativos en el ámbito empresarial, con la eliminación del sistema SIRA que autorizaba importaciones. Se eliminaron las licencias no automáticas, permitiendo a cualquier persona importar sin restricciones. No obstante, se mencionó que aún existe un margen de regulación en este aspecto. Además, se destacó la eliminación de la ley de promoción industrial sancionada en 1988, con el objetivo de fomentar la industria nacional.

El DNU comenzará a regir el 29 de diciembre, y se espera otro paquete de reformas impositivas y electorales. Acuña expresó la expectativa de intensos debates en el Congreso, con incertidumbre sobre los resultados finales. Mencionó la preocupación de las empresas ante posibles amparos basados en la inconstitucionalidad del DNU, señalando que la seguridad jurídica es crucial para las inversiones.