“Hoy es un día muy importante. Me gustaría ser la voz de las que ya no pueden hablar. Esas mujeres no fueron escuchadas y yo fui una de ellas. Soy tan solo una sobreviviente”, expresó Olga Díaz.

La mujer firmó ayer un acuerdo de solución amistosa en la que el Estado reconoció “su accionar deficiente en el caso” y vulneró su deber “de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género”.

“Me tocó ser peloteada por el sistema -dijo Díaz- y gracias a que no me rendí hoy estoy viva. En la DGN encontré la contención y la representación que no tuve en ninguna parte”, añadió.

El acuerdo establece que Estado “se compromete a brindarle a Olga del Rosario Díaz una reparación pecuniaria y pone a su disposición un equipo interdisciplinario para brindarle asistencia integral, incluida el acceso a derechos sociales, subsidios o reconocimientos que puedan corresponder a favor suyo y de sus hijos”, precisó la Defensoría en el comunicado.

La violencia por motivos de género sufrida por Olga se inició en 2002 cuando, al tomar conocimiento de una infidelidad de su pareja, Luis Palavecino intentó separarse.

Sin embargo, Palavecino lo impidió mediante agresión física, amenazas de muerte y golpes a la menor de sus hijas. Estos hechos fueron denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante quince años.

Los episodios de violencia volvieron a recrudecer en 2008, y se intensificaron en 2016 cuando ella decidió irse a vivir con una de sus hijas.

El 24 de marzo de 2017, Palavecino apuñaló a Díaz en su hogar, quien no contaba en ese momento con ningún dispositivo o medida judicial de protección a pesar de las numerosas denuncias que había hecho a lo largo de los años.

A raíz del ataque que casi termina con su vida, se inició una nueva causa penal que ordenó la acumulación de las causas penales previas -en las que no se había registrado ningún avance- y dictó la prisión preventiva del imputado.

El 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 21 de la Capital Federal lo condenó a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado y violencia de género.

En diciembre del año pasado la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación de Olga Díaz, denunció que el Estado argentino no actuó de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género contra la mujer.

“Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos. En la medida en que no se deconstruya esto, que forma parte del imaginario popular, siempre vamos a encontrarnos con denuncias de mujeres que se minimizan”, destacó Martínez.