POSADAS. La campaña de firmas para solicitar que la empresa Bencivenga, pueda ingresar en distintos barrios de la capital misionera, y así romper con la posición monopólica del Grupo Zbikoski, culminó con la entrega de las planillas a las distintas autoridades provinciales y municipales, pero hasta el momento, “no hubo ninguna respuesta”, confió Daniel Morel, uno de los impulsores de la iniciativa.

Asimismo, Morel reveló que ningún diputado opositor, ni tampoco ningún edil, se acercó al grupo que llevó a cabo la recolección de firmas, con el fin de interiorizarse del reclamo y estudiar la viabilidad de proyectos. Sólo mantuvieron una reunión con los concejales Facundo López Sartori y Fernando Meza, y también con un par de diputados renovadores, que hasta el momento no han presentado ninguna iniciativa que afecte a los intereses del Grupo Z, que maneja el 96% de las líneas de transporte en el Gran Posadas.

“Se están cumpliendo 30 días de la presentación de 2.500 firmas de posadeños para el llamado a licitación”, dijo Morel sobre el pedido para que nuevas empresas presten el servicio de transporte urbano de pasajeros en el Gran Posadas. “Esas firmas fueron presentadas al Concejo Deliberante de Posadas, al municipio y al gobernador, resaltando que afirmamos lo que iba a pasar con el decreto 980/20. Conociéndolo al empresario de Casimiro (Marcelo Zbikoski) sabíamos lo que iba a pasar”, recalcó Morel sobre el incumplimiento del distanciamiento social en los colectivos del Grupo Z. “No recibimos respuestas de ningún ente del Estado. Algunos habrán tenido una reunión, pero a nosotros no nos han llamado”, sostuvo.

“Esta empresa mentirosa se ha juntado con algunos presidentes barriales para ver cómo solucionaban los problemas, con mentiras, promesas que dejan de cumplir a los dos días”, bramó Morel, señalando que en los barrios Estepa y Prosol 1, “al fondo del Campus (de la UNAM), vecinos se tomaban el colectivo a las 6 de la tarde para empezar a trabajar al otro día. La presidenta del barrio estaba contenta porque gerentes les prometieron servicios. Cambiaron los servicios, pero duró 3 días la alegría. Pasaron de 5 a 10 servicios diarios. Después de 5 bajaron a 7 y ahora van por más reducciones”, denunció Morel.

En esta línea Morel insistió en que “de nada sirve” firmar acuerdos con gerentes “que cumplen órdenes del empresario y salen a mentir a los vecinos”, “si no hay contralor. Si ningún funcionario refrenda los horarios que tienen que cumplir, de nada sirve. Conocemos cómo actúa el empresario y las reuniones son estériles”, fustigó el referente de la UPDS.

Asimismo, Morel denunció que en Casa de Gobierno, en Mesa de Entradas reciben los pedidos, pero “no te dan número de expediente”. “Esto sucede también en Cámara de Diputados. Nos dieron fecha y hora. Pero no, número de expediente”, cuestionó. “Le dijimos al gobernador que con el decreto 980/20 se estaba equivocando. El hacinamiento en los colectivos sigue siendo masivo. El pedido de llamado a licitación no es un capricho. Si la empresa no cumple con el servicio, a la empresa (Grupo Zbikoski) la tienen que multar y sacarle la concesión”, recalcó.

En cuanto a qué pasará con la concesión al Grupo Zbikoski, que vence en 2022 y podría ser o no renovada por el actual alcalde de Posadas, Morel explicó: “el llamado a licitación pública se tendría que hacer a fines de este año o principios del 2021. Lo tiene que hacer el Concejo Deliberante. Esto va al municipio y el intendente tiene que presentar o vender los pliegos a nivel nacional, para que las empresas puedan hacer el estudio de mercado correspondiente. Para fines del 2021, ya tendría que estar aprobado en el Concejo. Para que, en 2022, cuando vence la concesión a Casimiro, ya estén las empresas circulando”, detalló Morel, quien pidió a Zbikoski, “no mentir a la gente”.

Consultado sobre si ediles o diputados opositores se acercaron al grupo de la UPDS, para impulsar el pedido de licitación, Morel reveló que a principios de año tuvieron una reunión virtual con los concejales López Sartori y Meza. “Pero desde que juntamos las firmas, nunca nadie nos llamó”, sostuvo. Además, dijo que hubo “diputados oficialistas” que prometieron acompañar el pedido, porque “estaban preocupados por esto”.

“Nosotros recriminamos a los diputados por haber aprobado la ley que creó el Sistema Integrado de Transporte, que no sirve. No funciona. Y los diputados renovadores nos han llamado. No así los opositores. Y del Concejo Deliberante, no tuvimos ninguna novedad”, recalcó el referente, aclarando que la UPDS, “no hace política partidaria”.

Al respecto del misterioso acercamiento de diputados renovadores, Morel opinó que “trataron de sacar rédito político”. “No tenemos ningún interés con ninguna de las empresas. En Garupá y Candelaria, también están juntando firmas para que la empresa Bencivenga también puedan ingresar (a esas comunas) En Itaembé Miní, con Adrián West, hace 15 años que venimos luchando por el transporte público, cuando teníamos la línea 28 de Bencivenga. Esa línea la sacaron. Al señor Casimiro no le gustó. Como estuvo acostumbrado a fundir las empresas chicas, le impidió el ingreso y llenó de colectivos Itaembé”, fustigó.

“No nos importan las internas entre empresas, sino mejorar el servicio”, insistió.

Sobre el final, Morel admitió que el oficialismo renovador, con la mayoría que tiene en la Cámara de Representantes, puede derogar la ley del SIT o adherir al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Nacional, en cualquier momento. “Por eso me sorprendió el acercamiento de los diputados renovadores”, dijo.

Casimiro “es una empresa altamente subsidiada. Ya pasaron tres gobiernos nacionales que exigieron la adopción de la SUBE Nacional. No lo hicieron. Al final de la gestión de Mauricio Macri, les exigieron para que se integren. Ahora, este ministro (de Transporte, Mario Meoni), les exige que se adhieran a la SUBE Nacional. Recibimos tantos millones de pesos de Nación, provincia y municipios, y este señor (Zbikoski) ¿hace lo que quiere?”, se preguntó Morel, añadiendo que Bencivenga está de acuerdo con la adopción del sistema SUBE Nacional, que implica que los subsidios al transporte, lleguen directamente a los usuarios. “¿Por qué Casimiro no?”, planteó Morel, apuntando a la gestión de la SUBE Misionero, a través de la empresa Servicios Urbanos SA, que es controlada por el Grupo Z.