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Tras las críticas, Cabral se “comprometió” con la prórroga de la 26.160

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El senador “misionerista” Salvador Cabral Arrechea, se mostró “a favor de las tierras que pertenecen a los indígenas” y prometió que será debatida la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Sin embargo, sigue llamándose a silencio sobre los desalojos a mbya.

Tras las críticas, Cabral se “comprometió” con la prórroga de la 26.160

El cuestionado senador “misionerista” Salvador Cabral Arrechea, se mostró “a favor de las tierras que pertenecen a los indígenas” y prometió que será debatida la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Desde su entorno explicaron que votó en contra de que se trate sobre tablas la prórroga porque ya estaba acordado que se trate en la próxima sesión, a fines de septiembre. Aunque, claro, continúa llamándose a silencio sobre los ilegales desalojos a comunidades mbya perpetrados en Misiones.CAPITAL FEDERAL. Luego de hacerse público que votó en contra de un proyecto para el tratamiento sobre tablas de la iniciativa para prorrogar la vigencia de la Ley Nacional de Emergencia Territorial Indígena (nro. 26.160), el senador Salvador Cabral Arrechea (Frente Renovador de la Concordia Social) salió a “comprometerse” con la ampliación de la validez de la norma que suspende los desalojos de comunidades indígenas. A través de un comunicado, Cabral Arrechea se mostró “a favor de las tierras que pertenecen a los indígenas”, y desde su entorno explicaron que votó en contra del tratamiento sobre tablas pedido el pasado 6 de Septiembre, porque ya estaba acordado que se trate en la próxima sesión ordinaria de la Cámara alta, a fin de mes.

Cabral recordó que junto a los senadores misioneros Sandra Giménez (FRCS) y Juan Manuel Irrazábal (FPV – PJ) presentaron un recurso de amparo declarando la Inconstitucionalidad y la nulidad del decreto 820/2016 del Presidente Macri, que habilita una mayor extranjerización sobre las tierras rurales al ser eliminado el requisito de residencia efectiva en el país, para los extranjeros que desearan comprar tierras.

Consultado sobre el rechazo a la prórroga de la Ley 26.160, el marido de la Ministra de Acción Cooperativa Élida Vigo, se manifestó “muy preocupado por la situación de las comunidades que podrían llegar a ser desalojadas, por la destrucción de los bosques nativos y el avasallamiento sobre los recursos naturales”. Y enfatizó que Misiones es la provincia con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras y destacó el “compromiso de la Cámara Alta de ser tratado ese proyecto en la próxima sesión a fines del mes de septiembre”.

“Cabral está muy comprometido con las comunidades indígenas y las mbya en particular”, aseguraron a MisionesCuatro, desde el entorno del senador, anticipando que es un hecho que votará a favor de la prórroga de la 26.160. A principios de la semana, desde el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen) expresaron su preocupación por la posible pérdida de vigencia de la ley –vence el 23 de Noviembre próximo- y se lamentaron que los senadores misioneros Cabral y Juan Manuel Irrazábal (FPV – PJ), no acompañaran el tratamiento sobre tablas.

Lo cierto es que Cabral, pese al compromiso con la 26.160, jamás ha denunciado o condenado los desalojos ilegales que se han venido produciendo en Misiones, desde 2009 a la fecha, siendo algunos casos muy resonantes. Recuérdese los desalojos en la aldea Jasy Porá en Iguazú, allá por 2012, donde corrieron a una aldea de territorios ancestrales para construir una cancha de golf para el hotel Hilton. O el caso de Chapa’í, en Agosto de este año, donde empleados del municipio conducido por el intendente renovador de San Ignacio, Esteban Romero, destruyeron con motosierras y fuego, las casas de los indígenas.

De hecho, Cabral tampoco mencionó siquiera las irregularidades que se concretaron en la aplicación de la Ley 26.160 que dispuso el censo y la asignación de tierras a las comunidades indígenas –mbya en Misiones-, con la entrega de títulos de propiedad comunal. En la provincia, se estima que fueron censadas menos de 60 de las 110 comunidades existentes, y ese proceso no estuvo exento de irregularidades y vejaciones, según lo señalaron las propias comunidades y asociaciones dedicadas a la cuestión indígena, como el mencionado EMIPA.

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