[vc_row][vc_column][vc_column_text]Este viernes, el presidente Mauricio Macri convocó a una nueva reunión a los mandatarios provinciales, que no garantizaron ayer, la presencia de los diputados nacionales que asegure el quórum necesario para sancionar el proyecto.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1513352600061-56a55cf7-f6b2-2″ include=”149924,79585,149971,149860″][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. Luego de los caóticos episodios de violencia que se vivieron dentro y fuera del Congreso, el Gobierno convocó a los gobernadores del PJ y a sus legisladores y les dará un ultimátum: si no se aprueba en ley la reforma previsional en la Cámara de Diputados, se caerá el llamado “Consenso Fiscal” que rubricaron 23 de los 24 gobernadores.
El Consenso Fiscal, con media sanción en el Senado, está pendiente de aprobación en la Cámara baja. Su aprobación resulta clave para los gobernadores, porque reemplaza el Pacto Fiscal de 1993, que vence a fin de año. Si este pacto efectivamente pierde su vigencia, las provincias deberán bajar de inmediato el impuesto a los Ingresos Brutos y derogar el impuesto a los Sellos.
En el nuevo acuerdo fiscal, en cambio, prevé rebajas dosificadas y paulatinas de ambos tributos -que constituyen uno de los principales ingresos de las provincias- durante los próximos cinco años.
Además, este Consenso Fiscal establece un compromiso por parte del Gobierno de emitir un bono por 89.000 millones de pesos para compensar a las provincias por dar de baja sus juicios contra el Estado. Esa compensación no se cumplirá si el Consenso Fiscal finalmente no se convierte en ley.
“Si el paquete fiscal se cae, los señores gobernadores deberían preocuparse, porque el país se va a caer. Nosotros no vamos a caer en la violencia, vamos a intentar reconstituir las bases de acuerdo en el Congreso”, enfatizó Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos, en declaraciones, anoche, en el programa Código Político, de TN.
En el oficialismo hay mucho malestar hacia los gobernadores peronistas. Si bien algunos de ellos cumplieron su palabra y sus legisladores contribuyeron a dar quorum en la tumultuosa sesión de ayer de la Cámara de Diputados -como los casos de Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Lucía Corpacci (Catamarca)-, el resto optó por mirar al costado.
“No resulta creíble que ahora nos digan que sus diputados se les rebelaron. Cuando las papas queman, se hacen los distraídos. Ahora, que pongan la cara como lo hicieron en el Senado”, reprochó un encumbrado diputado de Cambiemos.
En el oficialismo parlamentario tampoco se guardan reproches hacia los funcionarios del Gobierno. “Pecaron de ingenuos al creerles a los gobernadores y confiar en que el proyecto saldría aprobado sin problemas como en el Senado”, se lamentan en la Cámara baja.
En la Rosada también había malestar hacia sus legisladores, empezando por el propio presidente Mauricio Macri. El clima se veía enrarecido, y así lo percibían desde comienzos de esta semana los diputados de Cambiemos.
Intuyendo las dificultades que se venían para sancionar la reforma previsional, le acercaron a funcionarios de la Casa Rosada la propuesta de instrumentar una compensación económica a los jubilados por la pérdida que van a sufrir con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, a partir de marzo próximo.
“Nos dijeron que no era posible. Están obsesionados con el ahorro que posibilitará esta reforma”, admitió un diputado que participó de esas tratativas. Ese ahorro sería de unos 60.000 millones de pesos anuales.
Ayer, sin embargo, el Gobierno decidió dar marcha atrás e instrumentará la compensación vía decisión administrativa o decreto. Lo anticipó la diputada Elisa Carrió en el recinto, al momento de pedir el levantamiento de la sesión.
La líder de la Coalición Cívica, junto a Negri y Emilio Monzó, fue clave a la hora de abroquelar al interbloque oficialista. Durante la última reunión del interbloque Cambiemos antes de partir rumbo al recinto, Carrió agitó la idea de impulsar la compensación de los haberes jubilatorios desde el Congreso, aunque el Gobierno no estuviera de acuerdo.
Carrió dio fuertes muestras de poder frente a la Casa Rosada: cuando en el Gobierno circulaba el rumor de que se impondría la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia, ella apeló a su cuenta de Twitter para rechazar firmemente esa alternativa.
No se privó, tampoco, de cuestionar el operativo de seguridad que instrumentó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, alrededor del Congreso. “Tiene que parar”, acusó. Por entonces, los policías federales seguían recorriendo los alrededores del Congreso, deteniendo personas. Pero hacía horas que la sesión ya había caído.
Está claro, después del escándalo de ayer, que la Cámara de Diputados tiene una dinámica muy distinta a la previsibilidad que ofrece el Senado. El lunes próximo, día convocado para una nueva sesión, se demostrará si, efectivamente, el Gobierno podrá dominar un escenario que, por ahora, le es adverso.
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La Nación
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