El Fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI 11 de La Plata, Buenos Aires, donde se tramita la causa que investiga la denuncia por abuso sexual contra Raúl Sidders, religioso católico con funciones destinadas en el obispado de Puerto Iguazú, solicitó ayer su detención con fundamento en el cuadro probatorio producido en su contra a partir de las denuncias por delitos contra la integridad sexual.

La medida judicial, reclamada por los particulares damnificados fue requerida por ante el juez de Garantías 6 de La Plata. De esta manera, la solicitud del agente fiscal deberá ser resuelta en el plazo de cinco días por el juez Agustín Carlos Crispo.

De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, medio que publicó en exclusiva el inicio de la pesquisa oportunamente, la solicitud de detener al cura residente hoy en Misiones, en un lugar secreto y reservado por el Obispado de Puerto Iguazú, a cargo del monseñor Nicolás Baisi, fue “posible por la enorme valentía de “Rocío”, como de la denomina a la denunciante y víctima, quien padeció los abusos del religioso entre sus 11 y 14 años, con graves consecuencias y secuelas para su salud”.

Tras la solicitud de detención originaria requerida por los patrocinantes querellantes de la víctima, Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, salió a luz que el Presbítero Raúl Anatolly Sidders se había trasladado a Puerto Iguazú.

Los abogados sostienen que Sidder en Puerto Iguazú y bajo resguardo de sus pares pone la calificación en “grave riesgo de fuga” por la proximidad de cruzar a Paraguay o Brasil y profugarse. Es acorde recordar que sobre Raúl Sidders recae una expresa “prohibición de salida del país”.

Como lo adelantó este Diario, la denuncia y consiguiente investigación fue acompañada por parte de la comunidad educativa del colegio San Vicente de Paúl (del cual Sidders era Capellán y dónde perpetró los vejámenes sexuales), sobrevivientes de abuso eclesiástico, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y políticas.

El pedido de detención se sustentaría “por el cuadro probatorio abrumador que lo señala a Sidders como autor de los crímenes, constituye además un duro golpe al operativo de impunidad de las autoridades del Arzobispado de la Plata, en persona de su titular Víctor “Tucho” Fernández, y del obispado de Iguazú que expresó públicamente que la denuncia se trataba de una ‘fake news’”.

Los mismos letrados denunciantes comunicaron que “el encubrimiento de la jerarquía eclesiástica se manifiesta en que, a pesar de la causa en su contra, Sidders mantiene tanto su cargo eclesiástico como público, ya que también es capellán de la Gendarmería Nacional”.

Vale resaltar que el nuevo escándalo ocurre a sólo un año de comprobarse los delitos de igual índole perpetrados por Eduardo Lorenzo, Párroco de la misma Diócesis de La Plata, cuyo fallecimiento fue anunciado tras trascender su pedido de detención.